Vodafone penalizó un usuario por mudarse a otra compañía… a pesar de que la portabilidad jamás se efectuó

Tras la intervención de FACUA, la compañía ha cancelado los ciento cincuenta euros del supuesto incumplimiento de permanencia. El cambio fue paralizado debido a que entró en vigor el estado de alarma. id:setenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco

Vodafone penalizó a un usuario con ciento cincuenta euros por infringir una supuesta permanencia al mudarse a otra compañía a pesar de que la portabilidad jamás llegó a efectuarse puesto que coincidió en el tiempo con la entrada en vigor del estado de alarma, que prohibió las portabilidades. Tras la actuación de FACUA-Usuarios en Acción, la operadora ha cancelado dicha cantidad y le ha devuelto otros ciento siete euros que le cobró de más tras no aplicarle una promoción a lo largo de 6 meses.

Modesto C.C., residente en Alsasua (Navarra), contrató en el mes de julio de dos mil diecinueve una oferta con Vodafone que consistía en fibra, teléfono fijo y una línea de móvil por un total de cuarenta euros por mes. Desde el primer mes de facturación, no obstante, la operadora comenzó a mandarle recibos superiores a la cantidad acordada, de cincuenta y siete con noventa y ocho euros por mes.

El usuario procuró entonces contactar en numerosas ocasiones con Vodafone para demandar la rectificación de las facturas y la devolución del dinero, sin éxito. No fue hasta febrero de dos mil veinte que la operadora le comunicó que no constaba dicha oferta comercial, con lo que no se la estaban aplicando. Modesto decidió entonces pedir la baja de los servicios en el tercer mes del año y portarlos a otra compañía, teniendo en cuenta que la teleco no había cumplido con lo pactado en el instante de la contratación.

Prohibición de portabilidades debido a la pandemia

Poco antes que se iniciara el proceso de baja, no obstante, se impuso en España el estado de alarma para combatir la pandemia de Covid-diecinueve y entró en vigor el R. D.-ley 8/2020, de diecisiete de marzo, de medidas urgentes excepcionales para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-diecinueve, que prohibió la realización de portabilidades.

Esto provocó que se suspendiera el cambio de compañía del perjudicado, que prosiguió dado de alta con Vodafone a lo largo de los próximos meses. Desde entonces, no obstante, la compañía sí comenzó a cobrarle la tarifa establecida en la oferta que contrató en el mes de julio de dos mil diecinueve, de cuarenta euros, a pesar de que apenas unas semanas ya antes le había dicho que esa promoción no constaba.

Mas además de esto, en la factura de marzo Vodafone incluyó un cargo de ciento cincuenta euros en término de penalización por incumplimiento de permanencia al haber efectuado la portabilidad, a pesar de que esta jamás se hizo. La operadora nunca notificó a Modesto en el instante de la contratación de que existía dicha penalización.

Dada esta situación, el usuario decidió asistir a FACUA a fin de que ejercitara acciones en defensa de sus derechos. El equipo jurídico de la asociación se dirigió a Vodafone para instarle a que anulara la penalización por infringir la permanencia, como que le reembolsara los ciento siete euros que le había cobrado de más a lo largo de los 6 meses en los que no le aplicó la oferta que contrató en el mes de julio de dos mil diecinueve.

En el escrito, FACUA recordaba que el R. D. Legislativo 1/2007, de dieciseis de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Usuarios y Usuarios y otras leyes complementarias, señala en su artículo seiscientos doce que «el contenido de la oferta, promoción o bien publicidad, las intenciones propias de cada bien o bien servicio, las condiciones jurídicas o bien económicas y garantías ofrecidas van a ser exigibles por los usuarios y usuarios».

De igual forma, el artículo cincuenta y uno del R. D. 899/2009,de veintidos de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, establece el derecho de los usuarios a «percibir el servicio en las condiciones pactadas con ellos», entre otros muchos.

Además de esto, el artículo sesenta y dos del R. D. Legislativo 1/2007 recoge que «el consumidor y usuario va a poder ejercer su derecho a poner punto y final al contrato en exactamente la misma forma en que lo festejó, sin ningún género de sanción o bien de cargas onerosas o bien desmedidas».

La Administración ha obligado a Vodafone a rembolsar las cantidades

Vodafone, no obstante, jamás llegó a dar contestación a las reclamaciones de la asociación, lo que motivó a FACUA a dirigirse a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, dependiente de la Segregaría de Estado de Telecomunicaciones y también Infraestructuras Digitales, a fin de que obligara a Vodafone a cancelar el cargo de ciento cincuenta euros por la presunta permanencia y a refacturar todos aquellos recibos en los que había cobrado a Modesto de más inapropiadamente.

En su resolución, la Administración ha determinado que Vodafone «no ha probado que la cantidad que pretende cobrar -los ciento cincuenta euros- se corresponda con beneficios verdaderamente gozados por el reclamante y admitidos por este», y que tampoco «ha aportado documentación que acredite el plan de costes contratado por la parte reclamante (no aporta copia del contrato correctamente firmado ni grabación de voz con valía establecido)» ni documentación que acredite que «los gastos de instalación del rúter serían gratis solo en el caso de cumplir un determinado compromiso de permanencia».

Por lo tanto, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones ha resuelto que Vodafone debe «corregir la facturación emitida que no se adecúe al plan de costos que la parte reclamante asevera haber contratado, como restituir a esta los importes que le hubiesen sido facturados en demasía». Esto es, los ciento siete euros que le cobró de más al usuario a lo largo de los primeros 6 meses.

De igual forma, ha declarado «improcedente el cargo por baja adelantada, con lo que el operador no va a poder cobrar cantidad alguna por este término, debiendo proceder a su devolución en el caso de que el abonado la haya pagado ya. Además, se declara improcedente el cobro de cualquier otra cantidad devengada con posterioridad a los un par de días de la petición de baja». Modesto ya ha recibido el dinero, doscientos cincuenta y siete euros en suma.

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