Nuevo impuesto sobre el aumento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

El día de hoy martes nueve de noviembre en el BOE se publica el R. D.-ley 26/2021, de ocho de noviembre, por el que se amolda (a través de la introducción en su articulado de determinadas modificaciones y añadidos) el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R. D. Legislativo 2/2004, de cinco de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. id:setenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve

A rey fallecido, rey puesto

Como todos sabemos la reciente Sentencia 182/2021, de data veintiseis de octubre de dos mil veintiuno, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos ciento siete.1, segundo parágrafo, ciento siete.2.a) y ciento siete.4 del texto refundido de la ley de las haciendas locales aprobado por el R. D. Legislativo 2/2004, de cinco de marzo, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, colecta y revisión de este tributo local y, por lo tanto, su exigibilidad.

Y el día de hoy martes nueve de noviembre en el BOE se publica el R. D.-ley 26/2021, de ocho de noviembre, por el que se amolda (a través de la introducción en su articulado de determinadas modificaciones y añadidos) el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R. D. Legislativo 2/2004, de cinco de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Y de esta manera este real decreto-ley tiene por objeto dar contestación al orden del Alto Tribunal de realizar las modificaciones o bien adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto a consecuencia de la última de las sentencia del Tribunal Constitucional, como integrar la doctrina contenida en las otras 2 sentencias precedentes (STC 59/2017, de data once de mayo de dos mil diecisiete y STC 126/2019, de data treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve), al objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y cumplir con el principio constitucional de capacidad económica.

El sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto establecido en el artículo ciento siete por el R. D. Legislativo 2/2004 tras su íntegra modificación por este real decreto-ley se transforma en un sistema optativo, que solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que a instancia del sujeto pasivo este no emplee el derecho de acomodar la carga tributaria al incremento de valor ciertamente conseguido como se determina en la nueva redacción del apartado cinco del artículo ciento siete del R. D. Legislativo 2/2004, para cuando se compruebe que el importe del aumento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada por el sistema objetivo.

Se determina no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, a través de la introducción de un nuevo supuesto de no unión (a través de el añadido de un apartado cinco al artículo ciento cuatro del R. D. Legislativo 2/2004) para los casos en que se compruebe que no se ha producido un aumento de valor.

Y de esta forma para comprobar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o bien de adquisición del terreno se va a tomar en todos y cada caso el mayor de los próximos valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o bien tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación -si la adquisición o bien la transmisión hubiese sido a título rentable como tal se toma el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones- o bien el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Esencial es asimismo lo establecido en este real decreto-ley para el cálculo del periodo de generación del aumento de valor puesto de manifiesto en una siguiente transmisión del terreno, puesto que a dicho efecto y conforme el caso debe atenderse a lo preparado en el nuevo apartado cinco del artículo ciento cuatro o bien a lo preparado en la nueva redacción del apartado cuatro del artículo ciento siete.

Con este real decreto-ley conforme a la nueva redacción dada al artículo ciento siete del R. D. Legislativo 2/2004 serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, o sea, aquellas que se generan cuando entre la data de adquisición y la de transmisión ha pasado menos de un año, (lo fundamenta el gobierno en su función de legislador en que son las que pueden tener un carácter más especulativo; lo que no siempre y en todo momento es cierto como por poner un ejemplo cuando múltiples herederos por necesidad para lograr efectivo solo tienen la opción de vender el inmueble heredado) de forma que con esto cambia una característica del sistema de determinación de la base imponible regulado en la normativa precedente.

Por su puesto se establece que los municipios puedan realizar las pertinentes comprobaciones y de este modo con respecto al sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o bien el sujeto pasivo a los efectos de lo preparado en los artículos ciento cuatro.5 y ciento siete.5, respectivamente, el municipio pertinente solo va a poder revisar que se han realizado a través de la aplicación adecuada de las reglas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o bien cuotas diferentes de las resultantes de semejantes reglas.

Se establece que los municipios que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana van a deber alterar, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para acomodarlas a lo preparado en exactamente el mismo.

Este real decreto-ley va a entrar en vigor el día después al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esto es mañana diez de noviembre del dos mil veintiuno. Quedando sin tributar las operaciones habidas entre la Sentencia 182/2021, de data veintiseis de octubre de dos mil veintiuno y la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Para finalizar y para finiquitar en el apartado II de la parte expositiva de este real decreto-ley para este caso se motiva extensamente el empleo del instrumento del real decreto-ley sobre la base de ser de sobra avalado su utilización por el Tribunal Constitucional, con múltiples recensiones a Sentencias del Alto Tribunal, toda vez que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la circunstancia económica demanda una veloz contestación, y la emergencia, asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate a través de una tramitación por el cauce normativo ordinario podría producir algún perjuicio.

Y tras la Sentencia 182/2021, de data veintiseis de octubre de dos mil veintiuno a consecuencia de dicho fallo a los municipios les resulta imposible liquidar, revisar, colectar y repasar este impuesto local, que desde esa data deja de ser exigible. Lo que supone una mengua inmediata y también esencial de sus recursos financieros, que puede provocar un aumento del déficit público que ponga bajo riesgo el conveniente cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución, lo que va además de esto en perjuicio del principio de suficiencia financiera de las entidades locales reconocido en el artículo ciento cuarenta y dos de la Constitución.

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